Avanza el juicio por el femicidio de Johana Ramallo mientras la querella busca ampliar imputaciones y denuncia redes criminales
A casi una década del crimen de Johana Ramallo, la causa judicial continúa avanzando con nuevas audiencias y pedidos de la querella para profundizar las responsabilidades penales. En ese marco, el abogado querellante Ignacio Fernández Camillo confirmó que recientemente se llevó adelante la audiencia número 18 del juicio, en la que solicitaron la ampliación de imputaciones. “Pedimos que dos de las personas actualmente imputadas por encubrimiento sean acusadas por femicidio”, explicó el letrado en diálogo con «Las Tres Banderas».
Fernández Camillo, acompaña a Marta Ramallo en la última audiencia
Sin embargo, el eje del planteo de la querella apunta más allá de los acusados actuales. “No creemos que acá estén los principales responsables, ni la parte más armada de la organización”, sostuvo Fernández Camillo. A la vez, el abogado vinculó el caso con una red criminal que operaba en la denominada zona roja de La Plata, ligada al narcotráfico y la explotación.
En paralelo al proceso judicial, la familia de la víctima continúa atravesando situaciones de extrema gravedad. Marta, madre de Johana, fue víctima de ataques armados contra su vivienda incluso contando con custodia federal. “Es una situación muy compleja. Se han reforzado las medidas, pero no deja de ser alarmante”, señaló el abogado. Pese a ese contexto, destacó la fortaleza de la familia: “La encuentro entera, con todo el padecimiento de casi una década, pero con la fuerza para seguir impulsando el juzgamiento”.
El avance de la causa también mantiene en vilo a la querella ante nuevos elementos de investigación, como el hallazgo de restos óseos en Isla Paulino, cuyos resultados periciales aún se esperan. Por otro lado, el abogado también se refirió a otra causa en la que interviene, vinculada a denuncias por abuso contra dos personas con funciones en el ámbito del Senado bonaerense. Allí, la investigación se encuentra en etapa inicial, con los acusados detenidos bajo prisión preventiva y múltiples testimoniales en curso. En ese expediente, el letrado cuestionó la falta de posicionamiento institucional al remarcar que “ni el Senado ni otros niveles del Estado se han expedido. Ni siquiera hubo un pronunciamiento mínimo sobre la gravedad de los hechos”.
Asimismo, advirtió sobre irregularidades en el tratamiento mediático y judicial del caso, incluyendo filtraciones de información no validada y situaciones de revictimización. También denunció un episodio particularmente grave: una persona que se presentó como abogada ante las víctimas sin serlo, y que habría manipulado o eliminado pruebas. Mientras tanto, tanto la causa Ramallo como las otras investigaciones continúan su curso en la justicia, en medio de reclamos por verdad, justicia y el desmantelamiento de las redes de violencia que sostienen estos delitos.
