La noticia fue confirmada el viernes 18 de julio desde Casa Rosada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anunció que el Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de la empresa estatal de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), encargada de proveer agua potable y servicios cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Así como en los 90’, la administración libertaria tiene como objetivo vender el 90% de las acciones de la empresa del Estado a capitales privados “a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores” así lo explicó el vocero presidencial.
Por otro lado, el portavoz de Casa Rosada detalló que la propuesta incluye “la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AySA” dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, que representa el 10% del capital social de la empresa.
La privatización que fracasó:
Durante el menemismo, AySA fue privatizada bajo el nombre de Aguas Argentinas, con mayoría accionaria en manos de la multinacional francesa Suez. ¿El resultado? Tarifas dolarizadas, recortes de inversión, deterioro del servicio y abandono de zonas periféricas que no eran “rentables” para la empresa. Todo con la complicidad de un Estado ausente.
Fue recién en 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, cuando AySA volvió a manos del Estado. A partir de allí, la empresa pública multiplicó las obras de expansión, priorizó a los sectores populares y puso en marcha una visión solidaria y federal del agua como derecho, no como mercancía.
¿Qué está en juego?
Entre los peligros concretos, se destacan:
- Suba de tarifas que podrían volverse impagables para miles de familias.
- Desinversión en barrios populares, donde la ganancia no es inmediata.
- Pérdida de soberanía y control estatal sobre una infraestructura clave.
- Precarización laboral y despidos en una empresa que hoy emplea a más de 7.000 trabajadores.
El sindicato SGBATOS ya expresó su repudio y advirtió sobre las consecuencias de este modelo de saqueo. También se sumaron voces del movimiento obrero organizado, la política y referentes en derechos humanos que ven en esta avanzada una amenaza directa a la justicia social y la dignidad del pueblo.
