Un fuerte temblor político sacude al gobierno de Javier Milei tras confirmarse que funcionarios de la Procuración del Tesoro filtraron datos confidenciales a Estados Unidos, favoreciendo a fondos buitre —en especial Burford Capital— en el juicio por la expropiación de YPF.
La filtración habría incluido detalles de la estrategia judicial argentina ante la jueza Loretta Preska de Nueva York, relacionada con el posible traspaso del 51 % de las acciones Clase D de YPF a Burford Capital
Por estas revelaciones, la Cámara de Apelaciones suspendió temporalmente la cesión de acciones, aunque el litigio continúa.
En cuanto a las medidas del gobierno, se dispuso el despido inmediato de 60 empleados de la Procuración del Tesoro, en una reestructuración que oficialmente se presentó como un plan para mejorar la eficiencia, pero que en la práctica busca “sacar el topo” de la institución.
El foco recayó sobre Santiago Castro Videla, quien ocupaba la Procuración y fue designado por Santiago Caputo, blanco principal de las sospechas.
Desde la Casa Rosada señalan que la filtración pudo haberse producido a cambio de un pago, configurando una venta de información sensible al adversario jurídico del Estado.
Sin embargo, aún no se han brindado detalles concretos sobre el alcance ni el contenido de lo filtrado.
En junio, la jueza Preska autorizó inicialmente la cesión del 51 % de YPF, pero el Gobierno nacional logró una suspensión indefinida mediante el recurso de la Cámara de Apelaciones.
Además, EE. UU. intervino como amicus curiae en apoyo a la posición argentina, argumentando violaciones a la inmunidad soberana.
Se espera ahora una investigación judicial profunda, con llamado a indagatorias que incluyan a Caputo, Castro Videla y otros funcionarios clave.
También se requiere que el Parlamento y los organismos de control —SIGEN, Auditoría General de la Nación, Congreso— intervengan y se haga una auditoría política y operativa.
